El director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terry Cole, advirtió que el gobierno estadounidense continuará investigando y actuando contra políticos mexicanos que presuntamente protejan o colaboren con organizaciones del narcotráfico, en una postura que incrementa la tensión bilateral en materia de seguridad.
La advertencia fue retomada este fin de semana por medios estadounidenses luego de que el funcionario reiterara que las recientes acusaciones contra funcionarios sinaloenses representan apenas el inicio de una estrategia más amplia para perseguir redes de protección política vinculadas a cárteles de la droga.
De acuerdo con las declaraciones atribuidas a Cole, Estados Unidos no solo centrará sus esfuerzos en líderes criminales, sino también en servidores públicos que faciliten las operaciones de grupos delictivos mediante corrupción, protección institucional o intercambio de información.
El posicionamiento ocurre semanas después de que fiscales estadounidenses presentaran acusaciones contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como contra otros funcionarios y exfuncionarios de esa entidad por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, señalamientos que han sido rechazados por los involucrados.
La ofensiva judicial forma parte de una estrategia impulsada por la administración del presidente Donald Trump, que ha endurecido su discurso contra los cárteles mexicanos y ha elevado la presión sobre México para obtener mayores resultados en el combate al narcotráfico.
Las declaraciones también se producen en medio de un clima de creciente fricción diplomática. Mientras Washington insiste en profundizar las investigaciones contra presuntas redes de protección política, el gobierno mexicano ha defendido la soberanía nacional y ha solicitado que cualquier acusación sea acompañada de pruebas suficientes para proceder conforme al marco jurídico mexicano.
En mayo pasado, el fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, adelantó que vendrían más acusaciones contra políticos mexicanos presuntamente vinculados con organizaciones criminales, una advertencia que ahora es reforzada por la DEA.
El endurecimiento de la postura estadounidense ocurre en un contexto donde la cooperación bilateral en seguridad se mantiene activa, aunque marcada por diferencias sobre el alcance de las investigaciones y los límites de la actuación de agencias estadounidenses en territorio mexicano.