La opacidad y los problemas de control financiero persisten en el IMSS-Bienestar. El auditor externo del organismo rechazó emitir una opinión sobre sus estados financieros de 2025 al detectar irregularidades y deficiencias que le impidieron verificar la legalidad y confiabilidad de la información presentada.
La firma Castillo Miranda y Compañía informó que no pudo obtener evidencia suficiente para evaluar los estados financieros debido a desviaciones e insuficiencias detectadas en la documentación entregada por el organismo.
«El sistema de control interno establecido en la entidad presenta debilidades significativas», señaló el despacho auditor en un documento fechado el 31 de marzo.
La negativa de un auditor independiente a emitir opinión sobre las cuentas de una dependencia federal es un hecho poco común. Uno de los antecedentes más notorios ocurrió con Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), involucrada en el mayor escándalo de corrupción del sexenio pasado.
Entre las observaciones más relevantes, el auditor indicó que no tuvo acceso a información suficiente para validar el gasto en servicios personales reportado por IMSS-Bienestar durante 2025, que ascendió a 91 mil 382 millones de pesos, monto 52 por ciento superior al autorizado originalmente por la Cámara de Diputados.
Tampoco encontró evidencia suficiente para respaldar el valor reportado de bienes muebles e inmuebles del organismo, estimado en poco más de 12 mil millones de pesos.
Creado en 2022 para sustituir al Insabi, el IMSS-Bienestar ha absorbido los servicios de salud de 24 estados y diversos hospitales de alta especialidad federales. Su expansión ha llevado la plantilla laboral a alrededor de 167 mil trabajadores, sin contar con fuentes propias de ingresos como las que tienen el IMSS o el ISSSTE.
Las cifras financieras muestran además un crecimiento acelerado del gasto. Durante 2025, el organismo ejerció 192 mil 699 millones de pesos, casi 27 mil millones por encima de lo presupuestado y alrededor de 20 mil millones más que los recursos autorizados para 2026.
Las observaciones no se limitan al ámbito administrativo. La Auditoría Superior de la Federación reportó previamente que uno de los programas prioritarios de atención médica móvil en comunidades marginadas no cumplió los objetivos planteados ni logró reducir los riesgos de salud en las localidades atendidas.
El rechazo del auditor a avalar las cuentas coloca nuevamente bajo escrutinio la operación financiera de una de las principales apuestas del Gobierno federal para brindar atención médica gratuita a la población sin seguridad social.