Los procesos licitatorios amañados por los famosos ‘moches’, exigidos por el personal actualmente adscrito a la coordinación de Planeación y Servicios Médicos de Apoyo, dejan al descubierto la plaga de corrupción solapada por Zoé Roble a cargo del IMSS y Martí Batres Guadarrama director del Issste.
De acuerdo con Alberto Aguirre, columnista del diario El Economista, el pasado mes, el Órgano Interno de Control del IMSS recibió un corre electrónico con una denuncia contra una exfuncionaria del hospital de especialidades del Centro Médico Nacional La Raza en la Ciudad de Mèxico, quien recientemente estrenó coche y eso habría desvelado los “incentivos” que recibió de diferentes proveedores de insumos para el manejo de imágenes médicas. Cuatro firmas trasnacionales y una local, entre los involucrados.
“La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y el propio IMSS tienen el mayor interés en combatir actos irregulares”, se lee en el el oficio 00641/30.102/Q/0191/2025-NDF, suscrito por Mauricio Arturo Cajiga González, titular del área de denuncias e investigaciones.
La denuncia fue admitida a trámite (expediente 2025/IMSS/DE182) y ahora deberán realizarse investigaciones y diligencias sobre los presuntos moches exigidos por personal actualmente adscrito a la coordinación de Planeación y Servicios Médicos de Apoyo del Instituto.
Además, de acuerdo con una investigación interna, en un momento crítico, ya que están por arrancar los procesos licitatorios para sustituir equipo médico en unidades hospitalarias ubicadas en las 32 entidades de la República Mexicana.
Son más de 6 mil 322 millones de pesos, de los cuales 60%, casi 3 mil 600 millones, fueron destinados a la adquisición de 12 aceleradores lineales (2,419 millones) y 42 tomógrafos etapa II (1,177 millones).
Montos elevados son los que se tienen para la compra y equipamiento de las clínicas, sin embargo, el columnista, destaca que, en las especificaciones técnicas de la licitación, está el ‘moche’, para la adquisición de estos equipos, las cuales tienen todas las características de la marca Phillips, para, de esta forma favorecer a un solo proveedor (así de amañado está el asunto).
Ni las compras consolidadas ni los nuevos esquemas de combate a la corrupción parecen efectivos para desincentivar a funcionarios y empresas acostumbradas a los “servicios de gestión”, en los procesos licitatorios del sector salud.
También, destacó que, en el IMSS, se refirió en este mismo espacio, la Auditoría Superior de la Federación ya revisará la adquisición de equipo médico y de laboratorio de la Cuenta Pública 2024. Las revisiones se harán extensivas a los contratos adjudicados directamente para las salas de hemodinamia.
Otras licitaciones también están bajo sospecha.
Por otro lado, en el Estado de México, concurso LPN/ISSEMYM/025/2025, la empresa Instrumentos y Equipo Falcón obtuvo un contrato para el servicio integral de laboratorio clínico, por hasta 192 millones de pesos.
Pero, dicha firma enfrentaba una inhabilitación de siete años, impuesta por la Secretaría de la Función Pública, por su adscripción a un conglomerado de empresas que incurrían prácticas monopólicas en licitaciones para servicios de laboratorios y bancos de sangre a instituciones públicas de salud.
De acuerdo con la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el ‘Cártel de la Sangre’ generó un daño de poco más de 1,200 millones de pesos al erario por esas prácticas detectadas en las administraciones de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, para el ISSSTE y el IMSS, principalmente.
La sanción le fue retirada por la sexta sala regional metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el 2023.