Por: Dr. Juan Manuel Lira Romero
Un reciente análisis publicado en la revista The Lancet (Lancet, noviembre 2025) ha puesto nuevamente sobre la mesa, con precisión quirúrgica, la dualidad de los Consultorios Adyacentes a Farmacias (CAFs) en México. Los autores del artículo los definen como una respuesta informal, pero «indispensable» a un sistema de salud público «abrumado y con recursos insuficientes».
La publicación advierte sobre el riesgo de una «eliminación rápida» de estos consultorios, la cual «probablemente desencadenaría un colapso del acceso a la atención médica». Esta no es una hipérbole académica; es una realidad matemática.
Los CAFs ya no son un actor secundario. Hoy, los 46 mil consultorios de farmacia del país brindan, en conjunto, cerca de 380 mil consultas diarias. Esta cifra es abrumadora, pues supera las consultas de primer nivel que ofrece el IMSS en un día promedio (aproximadamente 360 mil).
Los CAF se han convertido, de facto, en el principal proveedor de atención primaria del país. Funcionan como la gran válvula de escape que contiene las fallas estructurales del sistema. Datos de encuestas nacionales (como la ENSANUT 2022) mencionan que un 40 por ciento de derechohabientes del IMSS e ISSSTE, han optado por la «conveniencia, asequibilidad y accesibilidad» de pagar una consulta de bajo costo en un CAF a cambio de una solución inmediata, en lugar de enfrentar las barreras burocráticas del sector público.
Por supuesto, el modelo no es benigno. Como bien señala The Lancet, su estructura de «integración vertical» genera un perverso conflicto de interés. El objetivo del médico, a menudo presionado por «cuotas de ventas», puede desviarse de la salud del paciente a la dispensación de medicamentos. Esto fomenta la sobre prescripción—especialmente de antibióticos— y una atención fragmentada y episódica, en lugar de preventiva.
Aquí es donde la política pública debe de entrar en un necesario cambio de narrativa.
La primera administración de la 4T mantuvo un discurso de confrontación. Los CAFs fueron catalogados como «un gran engaño» y un riesgo sanitario, resumiendo la postura oficial en una frase: «lo deseable es que no existan». Era una visión que, si bien correcta en su diagnóstico del riesgo, ignoraba la realidad operativa del colapso que se podría causar con su desaparición.
La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum ha modificado radicalmente este discurso. Se reconoce la magnitud del fenómeno y, en lugar de la eliminación, se plantea una doble estrategia: fortalecer el sistema público (IMSS-Bienestar) y, simultáneamente, regular e integrar a los CAFs al Sistema de Salud. Las propuestas de modificación al Artículo 38 Bis en la Ley General de Salud para establecer un marco legal a los CAFs y al Artículo 420 para incluir su regulación se alinean directamente con la conclusión propositiva de The Lancet: explorar alianzas público-privadas.
El reto es monumental. No podemos eliminarlos, pero tampoco podemos permitir que sigan operando en la «zona gris regulatoria». La solución no es la satanización, sino la gobernanza. La actual administración debe abordar el tema de manera decidida, transformándolo en un «pilar vital» del sistema, asegurando la autonomía médica y alineando los incentivos privados con las prioridades de la salud pública.