La administración del IMSS tiene una doble responsabilidad: acatar el mandato constitucional y, al mismo tiempo, implementar la reforma sin destruir los mecanismos que sostienen la operación cotidiana de la institución
por Dr. Juan Manuel Lira Romero
La iniciativa que elimina las llamadas «pensiones doradas» una vez que se publique en el Diario Oficial de la Federación será una reforma constitucional. El consenso en el legislativo fue casi total: 458 votos a favor en lo general. Entre el aplauso generalizado, una voz intentó matizar los riesgos de esta reforma para un grupo específico de trabajadores. No fue de la oposición. Fue del mismo partido mayoritario: Morena.
Durante el debate en comisiones, el presidente de la Comisión de Seguridad Social, el doctor Arturo Olivares Cerda, legislador de Morena y exdirigente del Sindicato del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), puso sobre la mesa cifras que merecen atención: más de 12 mil jubilados del Seguro Social con pensiones de entre 70 y 100 mil pesos serían afectados por el nuevo tope, y en el futuro impactaría a 6 mil médicos que hoy ocupan cargos de dirección en unidades médicas, delegaciones o en las oficinas centrales del IMSS. Alertó sobre el riesgo de «renuncias masivas» en puestos de confianza que comprometería la operatividad del Seguro Social.
La postura y decisión del diputado fue votar en lo particular en contra de la reforma.
Conviene detenerse a analizar lo sucedido. Nadie quiere defender pensiones de un millón de pesos para exdirectivos de algunas paraestatales como Petróleos Mexicanos o Luz y Fuerza. Eso es indefendible. Por eso el consenso generalizado de la decisión de la Presidenta de disminuir estas pensiones es más que justificable.
Sin embargo, esos jubilados a los que hizo mención el doctor Olivares no son exdirectores generales con pensiones millonarias. Son, en su mayoría, médicos especialistas, jefes de servicio, directores o administrativos que construyeron carreras de 28 a 30 años dentro del Instituto y que aceptaron puestos de mando a cambio de una jubilación mejorada.
Cotizaron durante décadas al fondo de jubilaciones del IMSS con descuentos quincenales de su propio salario. No recibieron un privilegio discrecional, recibieron lo que su contrato colectivo y la normativa institucional les garantizaron tras años de aportaciones.
La reforma no distingue entre una pensión de un millón de pesos otorgada a un exdirector de Luz y Fuerza por compadrazgo político y la pensión de alguien que dirigió un hospital del IMSS o estuvo al frente de una Delegación durante años con la responsabilidad que el cargo exige. Para el nuevo artículo 127 constitucional, ambas son «pensiones del personal de confianza» y ambas se topan igual: Cerca de 67 mil pesos netos como tope máximo (la mitad de lo que gana la presidenta).
El punto no es si las pensiones millonarias debían eliminarse. El punto es si el mecanismo elegido -un tope constitucional uniforme para todo el sector paraestatal- fue el adecuado y si funciona cuando se aplica a una institución como el IMSS, donde los incentivos pensionarios cumplían una función operativa concreta: atraer y retener a quienes dirigen los hospitales donde se atienden más de 80 millones de personas.
La pregunta operativa es inevitable: cuando el mejor personal del IMSS deje de aceptar una jefatura de servicio o la dirección de un hospital porque la ecuación ya no cierra, ¿quién ocupará esos puestos? ¿Quién querrá administrar una Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) o un Hospital General de Zona sin un incentivo justo por dar más de su tiempo y asumir más responsabilidades? Ya lo advirtió el diputado morenista: «Se puede comprometer la operatividad del Seguro Social». Desafortunadamente nadie escuchó esta advertencia.
La austeridad no puede ser un bisturí sin filo que corte por igual privilegios injustificables y derechos legítimamente devengados tras años de servicio. Al topar las pensiones de la mediana y alta dirección del IMSS al mismo nivel que las de cargos políticos, el Estado mexicano corre el riesgo de dejar al IMSS en estado crítico.
La administración del IMSS tiene ahora una doble responsabilidad: acatar el mandato constitucional y, al mismo tiempo, implementar la reforma sin destruir los mecanismos que sostienen la operación cotidiana de la institución. Eso exige distinguir con rigor técnico entre el exceso y el derecho legítimo adquirido.
La Constitución se debe cumplir, pero si la implementación de la reforma ignora la complejidad técnica y operativa de los hospitales, la ‘cirugía’ contra las «pensiones doradas» terminará por infectar el corazón mismo de la institución de salud más grande del país.