Por: Juan Manuel Lira Romero
Suele decirse que errar es de humanos y rectificar es de sabios. En política, donde reconocer una imprecisión suele verse como debilidad, rectificar también puede ser una forma de gobernar.
En abril de este año entró en vigor la reforma al artículo 127 constitucional que buscó poner fin a las llamadas “pensiones doradas”. El objetivo era difícil de cuestionar: evitar que exaltos funcionarios recibieron jubilaciones exorbitantes con cargo a recursos públicos.
La reforma fijó un límite: ninguna jubilación o pensión del personal de confianza de las entidades públicas comprendidas en la reforma podría superar la mitad de la remuneración presidencial. La intención era legítima. El problema apareció cuando una regla diseñada para cortar privilegios alcanzó situaciones que no eran iguales.
En el servicio público no todos los trabajadores de confianza son altos funcionarios que llegaron por decisión política. Hay médicos, ingenieros y técnicos que hicieron carrera institucional, cotizaron y después ocuparon responsabilidades directivas. Aplicarles el mismo rasero puede convertir una política de austeridad en una afectación de derechos.
En el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) el asunto es especialmente sensible. Muchos de quienes ocupan puestos de confianza o de dirección comenzaron su vida laboral en plazas de base. Médicos que llegaron a dirigir hospitales o profesionales que ascendieron dentro de la institución. Su jubilación no nació sólo de una decisión presupuestal: está vinculada al Régimen de Jubilaciones y Pensiones del IMSS, construido durante años con aportaciones de los trabajadores y del propio Instituto.
Por eso advertimos desde el inicio que combatir pensiones verdaderamente exorbitantes era correcto, pero hacerlo sin distinguir entre privilegio y derecho adquirido podía generar una injusticia.
Los acontecimientos posteriores parecen confirmar que la norma necesitaba una segunda mirada.
La Consejería Jurídica del Ejecutivo revisó el alcance de la reforma y optó por una interpretación más favorable a los pensionados. En lugar de aplicar como máximo la mitad de la remuneración presidencial consideró que debía tomarse como límite la totalidad de ese ingreso. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció ahora que enviará una nueva iniciativa al Congreso para su discusión y, en su caso, aprobación durante el próximo periodo legislativo, para dejar esa regla expresamente establecida en la Constitución.
Más que una marcha atrás, vale la pena entenderlo como una rectificación.
Hay un concepto jurídico detrás de esa decisión que pocas veces llega a la conversación cotidiana: el principio pro persona. En términos sencillos significa que, cuando una norma admite más de una interpretación razonable, la autoridad debe preferir aquella que otorgue mayor protección a los derechos de las personas. No significa conservar abusos. Significa que el Estado tiene que distinguir antes de afectar. Y ésa es precisamente la distinción que faltó en el primer diseño.
Una pensión de un ex alto funcionario que recibe cantidades desproporcionadas sin relación razonable con sus aportaciones no es comparable con la jubilación de quien trabajó treinta años, cotizó y construyó un derecho dentro de un régimen laboral. Poner ambos casos en la misma bolsa puede ser políticamente sencillo, pero jurídicamente no lo es.
La rectificación tampoco debería cerrar el debate. Falta definir qué ocurrirá con quienes sufrieron reducciones durante la aplicación inicial, cómo se tratarán los derechos previamente consolidados y cómo se distinguirán los componentes contributivos y contractuales de cada régimen.
En el IMSS estas preguntas importan. El Instituto necesita combatir privilegios, pero también conservar cuadros médicos, técnicos y administrativos con experiencia. Convertir el ascenso profesional en un riesgo para la jubilación enviaría una señal equivocada a quienes han hecho carrera en el servicio público.
La austeridad sigue siendo necesaria, pero no puede medir con la misma vara el privilegio y el derecho construido durante décadas. Ahí está el valor de esta rectificación: reconocer que una política con un objetivo adecuado también puede necesitar correcciones.
Si la nueva reforma logra separar las pensiones verdaderamente privilegiadas de los derechos construidos durante una vida laboral, el gobierno no habrá renunciado a la austeridad: habrá intentado aplicarla con justicia. Porque gobernar también es saber rectificar.