Aunque sólo el 10 por ciento de la población cuenta con un seguro privado, la concentración del mercado en unas pocas empresas deriva en alzas desproporcionadas
Por Dr. Juan Manuel Lira Romero
Recientemente ocurrió un hecho en Estados Unidos que ha puesto en el centro del debate el papel de los seguros médicos. Brian Thompson, CEO de UnitedHealthcare (una de las principales aseguradoras médicas), fue asesinado en la vía pública, presuntamente por Luigi Mangione, un joven con antecedentes de cirugía en la columna vertebral, frustrado por las prácticas abusivas de las aseguradoras médicas.
Este episodio, aunque injustificable, evidencia la insatisfacción que genera concebir la salud como un producto más en el mercado. Cuando la provisión de los servicios médicos se supedita a la rentabilidad, ¿se crean condiciones que alimentan el descontento social?
El caso de Thompson en Estados Unidos debe interpretarse como una alarma que se debe evitar ignorar. Si bien el contexto en México es distinto, si no se atienden las tensiones derivadas de la excesiva comercialización de la salud, la debilidad regulatoria y un Estado que aún está en vías de consolidar la salud pública, estas podrían pasar factura a la administración de la Dra. Claudia Sheinbaum.
En México, el panorama de los seguros médicos privados es complejo. Aunque sólo el 10 por ciento de la población cuenta con un seguro privado, la concentración del mercado en unas pocas empresas deriva en alzas desproporcionadas de primas cada año (tan sólo la inflación médica para este año se estima en casi el 17 por ciento), además de limitar coberturas y, en ocasiones, negar servicios esenciales.
Las anteriores prácticas erosionan la confianza del consumidor y profundizan una desigualdad de origen: quienes pueden pagar un seguro costoso obtienen atención más ágil y completa, mientras que la mayoría, ante la insuficiencia del sector público, se ve obligada a afrontar elevados gastos de bolsillo o recurrir a un sistema público saturado.
La insuficiencia regulatoria agrava este escenario. Las instituciones encargadas de supervisar y sancionar prácticas abusivas, aunque han tenido algunos avances, carecen de mecanismos suficientemente ágiles y efectivos para garantizar el respeto a los derechos de los asegurados.
El gobierno actual ha manifestado su convicción de que la salud debe ser un derecho humano, no una mercancía. La consolidación del IMSS-Bienestar busca fortalecer la atención médica a la población sin seguridad social y ampliar gradualmente la cobertura hacia especialidades de mayor complejidad. La meta es ofrecer una opción pública de calidad, aunque el camino sigue siendo cuesta arriba.
En teoría, la solidez de un sistema público fiable funcionaría como contrapeso natural a las prácticas abusivas de las aseguradoras, al reducir la dependencia de la población hacia ellas y, con ello, su poder de mercado.
Sin embargo, la distancia entre el ideal y la realidad es considerable. La saturación hospitalaria, los recortes a hospitales de alta especialidad y el abastecimiento aún insuficiente de medicamentos e insumos reflejan la necesidad de mayor inversión, mejor gestión y planeación a largo plazo. Revertir estas carencias es imprescindible si se busca que el discurso del derecho a la salud se traduzca en hechos concretos.
Las familias que sufren aumentos excesivos en las primas de sus seguros o experimentan la negación de cobertura en tratamientos esenciales no sólo afrontan dificultades financieras, sino que también pierden la confianza en un sistema que debería protegerlas. Esta erosión de la credibilidad en instituciones y proveedores de salud es un factor de riesgo para la cohesión social. Nadie desea repetir escenarios de violencia como el de Estados Unidos, pero ignorar el malestar creciente podría abrir la puerta a un deterioro mayor del tejido social.
Por otra parte, la apuesta por un sistema público sólido requiere de inversiones focalizadas, alianzas estratégicas, mejoras en procesos y un esfuerzo sostenido por recuperar la credibilidad del Estado en la salud pública.
Un mercado asegurador más competitivo y supervisado, aunado a un sector público fortalecido, contribuiría a que las aseguradoras comprometidas con la ética y la transparencia se diferencien por la calidad de su servicio, no por el aprovechamiento de su posición dominante.
El reto está en anticiparse a los riesgos evidenciados por el caso de Brian Thompson, adoptando medidas que equilibren el escenario: fortalecer la vigilancia sobre el sector privado, mejorar la capacidad de respuesta del sistema público y, en última instancia, asegurar que el acceso a la salud no dependa de las condiciones del mercado, lo que consolidaría la noción de que la salud no se negocia, se garantiza.