La impunidad volvió a golpear de frente a las víctimas de violencia de género en México. Colectivos feministas denunciaron públicamente a **Rebeca Ramos Mejía**, titular de la **Fiscalía Especializada en Combate a Delitos Contra la Mujer de Quintana Roo**, a quien acusan de **recibir dinero de feminicidas, agredir a víctimas para proteger a sus agresores y filtrar información clave en procesos judiciales**.
Las denunciantes sostienen que Ramos Mejía **mantiene su cargo gracias a una presunta relación sentimental con un vicefiscal**, lo que le habría permitido blindarse frente a múltiples señalamientos y evitar su destitución, pese a las denuncias y acusaciones formales en su contra.
La indignación estalló nuevamente con la liberación de **Carlos Alberto “N”**, exguardia de seguridad del hotel Hard Rock en Puerto Aventuras, **sentenciado a 25 años por el feminicidio de Ana Gómez**, ocurrido el 18 de diciembre de 2020. El magistrado **Carlos Alejandro Lima Carvajal**, de la Novena Sala Especializada en Materia Penal de Quintana Roo, anuló la condena alegando “falta de pruebas”, pese a que la carpeta judicial contenía **videos, testimonios y la confesión del propio acusado**.
Un crimen que estremeció a la Riviera Maya
Las cámaras de seguridad del hotel captaron a Carlos Alberto escondido detrás de una panga de basura, siguiendo a Ana, de 21 años, hasta la selva que rodea el complejo. Según su propia declaración, la golpeó contra un árbol de zapote, intentó abusar de ella y, al no conseguirlo, la estranguló.
El cuerpo fue hallado 10 días después, provocando protestas y movilizaciones de colectivos y compañeros del hotel que exigían justicia.El 30 de diciembre de 2020 fue detenido en plena jornada laboral, vinculado a proceso y condenado en abril de 2024. No obstante, en 2025 su defensa apeló por supuestas irregularidades en la investigación, y Lima Carvajal ordenó su liberación inmediata del Cefereso de Coahuila.
Red de protección y corrupción
Colectivos acusan al magistrado Lima Carvajal de tener un historial de protección a criminales, incluyendo el caso del pederasta Succar Kuri. Pero las críticas más duras se centran en Ramos Mejía, a quien señalan de encabezar una **Fiscalía de la Mujer capturada por intereses políticos y personales**, donde se protege a agresores mediante filtraciones, pactos y presión a víctimas.
“Es un pacto de impunidad que humilla a las familias y pisotea la memoria de las mujeres asesinadas. La mantienen ahí porque conviene a quienes están en el poder, no por su capacidad”, denunció una activista local.
Indignación y exigencia de justicia
Familiares de Ana Gómez y colectivos feministas han convocado a manifestaciones y exigen la intervención de instancias federales.
“Cuando no hay justicia en la tierra, llega la justicia de Dios… y veremos caer a Lima Carvajal”, se lee en mensajes que circulan en redes sociales.
Este caso se suma a una larga lista de resoluciones judiciales cuestionadas en Quintana Roo, donde **la corrupción, las redes de protección y la violencia institucional mantienen libres a feminicidas y revictimizan a quienes exigen justicia**.