Por. Dr. Juan Manuel Lira Romero
La insuficiencia renal crónica es una enfermedad progresiva, silenciosa y devastadora. Se estima que afecta a más de 10 millones de personas en México (Sociedad Mexicana de Nefrología). Aunque sus primeras etapas pueden ser asintomáticas o manejables con seguimiento médico, en su fase terminal (etapa 5) el daño renal es irreversible y los pacientes requieren tratamiento sustitutivo para sobrevivir: trasplante renal, diálisis peritoneal o hemodiálisis.
Pero este tratamiento no solo representa una carga física para el paciente, también impone un reto operativo, financiero y ético para las instituciones que deben garantizarlo.
Una persona que recibe hemodiálisis debe acudir tres veces por semana durante cuatro horas por sesión, para limpiar artificialmente su sangre. Esto tendrá que hacerlo por el resto de su vida o hasta que reciba un trasplante renal. La calidad y continuidad de este tratamiento puede ser la diferencia entre la vida o la muerte.
Uno de los compromisos más reiterados en el discurso político en la Cuarta Transformación, ha sido revertir la llamada «privatización silenciosa» del sistema de salud. El director del IMSS, Zoé Robledo, ha sostenido que los servicios deben fortalecerse desde lo público, dejando atrás la inercia neoliberal que convirtió a servicios esenciales en negocios para unos cuantos. Pero la realidad dista de la narrativa. En el caso de la hemodiálisis, los datos más recientes muestran que lejos de desprivatizar, el IMSS ha profundizado la subrogación.
En 2018, el IMSS reportaba 31mil161 pacientes en hemodiálisis: 10 mil 429 atendidos en sus propias instalaciones y 20 mil 732 en unidades privadas subrogadas. Para 2024, el número total de pacientes aumentó a 44 mil 838, con 31 mil 254 atendidos por terceros. Esto representa un crecimiento del 43.9 por ciento en el total de pacientes y un aumento del 50.7 por ciento en la subrogación. Más de dos terceras partes de quienes reciben hemodiálisis en el IMSS lo hacen en unidades privadas.
Y mientras se ha incrementado de manera importante la dependencia de los servicios privados, la capacidad interna del IMSS ha crecido marginalmente: de 2018 a 2024 paso de 144 salas de hemodiálisis a 154 y de mil 402 máquinas de hemodiálisis propias a mil 737.
Con base en los datos oficiales del propio Instituto, la relación entre nefrólogos operativos asignados al área de hemodiálisis y los pacientes atendidos en las unidades del IMSS ha mostrado una disminución en los últimos tres años. En 2022, había aproximadamente un nefrólogo por cada 56 pacientes en hemodiálisis interna; para 2024 cayó a 1 por cada 69. Esta tendencia refleja un ensanchamiento de la brecha entre la demanda asistencial y la disponibilidad de personal especializado.
El gasto también es revelador. En 2018, el IMSS destinó poco más de 3 mil millones de pesos a la subrogación de hemodiálisis. Para 2023, esa cifra ascendió a más de 7 mil millones de pesos, más de 100 por ciento de incremento-.
El problema no es solo financiero o administrativo: es ético e ideológico. ¿Puede un sistema público sostener un modelo de atención donde lo vital se terceriza de manera creciente, sin una estrategia clara para revertirlo? El contraste más contundente lo ofrece el modelo de Tlaxcala.
El pasado 16 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum visitó el Complejo de Atención Especializada en Salud y Bienestar (CAESB), donde se presentó una sala de hemodiálisis pública, gratuita y moderna, con capacidad para ofrecer más de 30 mil 000 sesiones anuales a personas sin seguridad social. Este modelo, que opera con recursos propios, instalaciones públicas y personal capacitado, demuestra que sí es posible ofrecer servicios de calidad sin necesidad de subrogarlos. El CAESB opera bajo la lógica de bienestar, no de rentabilidad.
De acuerdo con trascendidos de esa visita, la mandataria habría advertido con firmeza sobre la necesidad de alinear el discurso de desprivatización con los hechos. El mensaje fue claro: el Estado no puede seguir financiando con recursos públicos la operación privada de servicios.
Frente a este escenario, urge una respuesta estructural. El IMSS debe plantearse un Plan Nacional de Transición para la Hemodiálisis Pública, alineado con un plan de prevención de la IRC y el trasplante renal, con metas anuales para reducir la subrogación, inversión específica para construir y equipar nuevas salas, capacitación y contratación de personal especializado y un sistema de información robusto que garantice la trazabilidad de cada paciente desde el diagnóstico hasta su tratamiento y seguimiento.
El discurso de la Cuarta Transformación se ha sostenido en la promesa de que el Estado recuperará su papel como garante de derechos. Pero cuando el 70 por ciento de la hemodiálisis en el IMSS sigue dependiendo de proveedores privados, la transformación queda en entredicho.
No se trata de discursos abstractos, se trata de vidas que dependen, tres veces por semana, de una máquina, de un especialista y de un sistema que no puede ausentarse. Durante la visita presidencial a Tlaxcala quedó claro que el modelo de subrogación ya no convence ni a quien lo heredó ni a quien lo sostiene. Un llamado de atención que se hizo notar, esperemos que no se diluya en la burocracia, sino que marque el inicio de una corrección de rumbo.