Las reformas constitucionales derivadas del denominado “Plan B”, que establecen límites al gasto operativo de los congresos estatales, comienzan a generar preocupación entre los trabajadores del Poder Legislativo de Quintana Roo ante la reducción presupuestal prevista para el ejercicio fiscal 2027.
La secretaria general del Sindicato de Trabajadores del Congreso del Estado, Mercedes Rodríguez Ocejo, señaló que aunque existe el compromiso de las autoridades de mantener intactos los salarios y las plazas laborales actuales, persiste la incertidumbre sobre el futuro de las condiciones económicas de los empleados sindicalizados.
Explicó que el presupuesto global del Poder Legislativo pasaría de 536 millones de pesos ejercidos durante 2026 a cerca de 380 millones de pesos para 2027, lo que representa una reducción aproximada de 150 millones de pesos.
La dirigente sindical señaló que este ajuste presupuestal obligará a replantear diversos aspectos de la operación interna del Congreso, aunque aseguró que hasta el momento las autoridades legislativas han manifestado su disposición de respetar los derechos laborales adquiridos por los trabajadores de base y evitar cualquier afectación directa a sus percepciones o fuentes de empleo.Advirtió que el principal riesgo no se encuentra en una disminución inmediata de los salarios, sino en la posibilidad de que se prolongue el rezago salarial que desde hace varios años enfrenta la plantilla sindicalizada.
Explicó que las restricciones presupuestales podrían dificultar futuras negociaciones para mejorar las condiciones económicas de los trabajadores.
Mercedes Rodríguez Ocejo recordó que el personal de base acumula alrededor de siete años sin recibir ajustes sustanciales en sus percepciones tabulares, situación que ha impactado el poder adquisitivo de las familias de los empleados legislativos.
Informó que el sindicato ya presentó formalmente su pliego petitorio correspondiente al presente año, en el que solicita un incremento salarial del 10 por ciento directo al sueldo. La petición, dijo, busca comenzar a revertir el rezago acumulado y reconocer el trabajo que realizan los empleados del Congreso del Estado.
La líder sindical confió en que las negociaciones entre la representación de los trabajadores y las autoridades legislativas puedan desarrollarse durante los próximos meses, antes de la integración definitiva del presupuesto para 2027, a fin de encontrar mecanismos que permitan atender las demandas laborales sin comprometer la viabilidad financiera del Poder Legislativo.
Destacó que el sindicato permanecerá atento al proceso de definición presupuestal y mantendrá el diálogo institucional con las autoridades para garantizar que cualquier ajuste derivado de las nuevas disposiciones constitucionales no se traduzca en afectaciones para los trabajadores.
Un dato importante es que Quintana Roo, al igual que otras entidades del país, deberá adecuar su estructura presupuestaria a los nuevos lineamientos establecidos a nivel nacional, lo que obligará a las instituciones públicas a operar con mayores restricciones financieras y a optimizar el uso de los recursos disponibles.
Mientras tanto, los trabajadores del Congreso mantienen la expectativa de que el compromiso de proteger sus ingresos se traduzca en acuerdos concretos y que las limitaciones presupuestales no frenen la posibilidad de alcanzar mejoras salariales después de varios años de rezago.