Desde el Colegio de Peritos Valuadores exigieron transparencia por parte del SATQ, luego de que se otorgara trato preferente al Corredor público y perito valuador Guillermo Méndez Lau, actual rector, decano y socio mayoritaria de la Universidad UNIMAAT al designar a esa institución privada como sede única de la evaluación.
Manifestaron públicamente su profunda inconformidad y rechazo ante las irregularidades, la opacidad y el flagrante conflicto de interés que, a su juicio, vulneran la legalidad de la convocatoria oficial emitida por el Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo (SATQ).
«Es inadmisible que un proceso que debería garantizar la certeza patrimonial de los quintanarroenses esté manchado por el favoritismo. Estamos ante una simulación donde quien convoca, evalúa y resuelve es la misma autoridad, y donde la sede del examen pertenece a un particular que se beneficia directamente del padrón. Exigimos piso parejo, no acuerdos en lo oscurito», denunciaron.
Ante esto, desde el Colegio solicitaron la suspensión inmediata del proceso de selección y evaluación programado para el próximo 7 de julio de 2026; el deslinde formal de los funcionarios involucrados; el cambio de sede a una institución pública, neutra y auditable, eliminando cualquier convenio discrecional con la Universidad UNIMAAT o con particulares interesados.
Además de un mecanismo formal, transparente y reglado de defensa e impugnación frente a las determinaciones del SATQ; el cese de las prácticas de rechazo injustificado de avalúos validados y la revisión de la actuación de los servidores públicos señalados de abuso de atribuciones.
Calificaron el proceso como una injusticia institucionalizada y un «traje a la medida» que atenta contra la imparcialidad e hicieron los siguientes señalamientos:
«1. Un proceso sin garantías de imparcialidad en la cúpula del SATQ. La convocatoria fue firmada por Héctor José Contreras Mercader, otrora director General del SATQ, y que se desarrolla bajo la titularidad actual de la dependencia a cargo de la Lic. Marcela Ramos Islas. El gremio sostiene que la concentración de las facultades de convocar, revisar, evaluar y calificar en la misma autoridad que regula el padrón compromete por completo la objetividad del proceso, al no existir un órgano independiente que garantice piso parejo a los aspirantes.
2. Sede única en una institución privada vinculada a un corredor público y perito del propio sector. La Base Quinta de la convocatoria establece como sede única y obligatoria para la aplicación del examen teórico-práctico las instalaciones de la Universidad UNIMAAT, ubicada en calle Mayapan número 7, en la ciudad de Cancún, con fecha de aplicación el 7 de julio de 2026. Esta institución privada tiene como rector y socio mayoritario al corredor público y perito valudor Guillermo Méndez Lau, lo cual es una grave humillación para todos los peritos valuadores que si estudiaron para obtener su cedula profesional, quien además participa activamente en el mismo sector, lo que configura —según el Colegio— un evidente beneficio económico y de posicionamiento reputacional en su favor.
3. Presunto contubernio en la auditoría fiscal. El gremio añade que estas decisiones se habrían adoptado con el presunto contubernio del Auditor Fiscal del Estado, Eduardo Cisneros, funcionario señalado en múltiples ocasiones de favorecer a determinados peritos. Cabe destacar que, conforme a la Base Séptima de la propia convocatoria, es precisamente la Dirección Estatal de Auditoría Fiscal la instancia ante la cual deben presentarse las inconformidades, lo que —a juicio del Colegio— deja la revisión del proceso en manos de la misma estructura cuestionada.
4. Rechazo sistemático de avalúos y ausencia de un mecanismo de defensa. Los peritos manifestaron además su hartazgo ante el rechazo reiterado de avalúos debidamente elaborados y validados, presuntamente por parte de servidores públicos que —denuncian— abusan de sus atribuciones, como sería el caso de la C. Nataly Sosa, asumiendo un criterio técnico por encima del de los propios peritos valuadores certificados. Según el gremio, esta práctica tendría como finalidad incrementar artificialmente los valores de los avalúos fiscales en beneficio de la recaudación del Estado. A ello se suma que, de manera irregular, no existe a la fecha un mecanismo formal de defensa o impugnación frente a las determinaciones del SATQ en materia de validación de avalúos fiscales, lo que deja a los profesionales en estado de indefensión».