POR: JUAN MANUEL LIRA ROMERO
El pasado martes 21 de julio, desde su red social, Donald Trump anunció aranceles escalonados a los medicamentos genéricos importados: cero por ciento durante dos años de gracia a partir del primero de agosto, 100 por ciento en 2028 y 200 por ciento al año siguiente.
Se propone gravar al doble la única parte del botiquín estadounidense que sí es barata. Nueve de cada 10 recetas que se surten en aquel país son genéricas, y el 88 por ciento se importa. India aporta el 35 por ciento; China, el ocho. Cerca del 80 por ciento de los principios activos —la materia prima de la que están hechas las pastillas— sale de esos dos países.
La medida no llega sola. Si el movimiento «Hagamos a Estados Unidos Saludable de Nuevo» (MAHA por sus siglas en inglés), que encabeza el secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr., buscaba modificar qué medicamentos se aprueban y consumen, la política arancelaria busca controlar dónde y quién los fabrica. Es una tenaza perfecta entre ciencia y comercio, y el sistema de salud mexicano quedará en medio.
Conviene registrar la paradoja: MAHA prometió medicinas accesibles y hoy grava justamente las accesibles, mientras deja que las de patente negocien exenciones caso por caso. Pfizer, Merck y Lilly ya arreglaron. Los fabricantes de genéricos, que trabajan con márgenes de centavos, no tienen con qué sentarse a esa mesa. Y el arancel se construirá sobre terreno ya frágil: Estados Unidos cerró 2025 con 214 medicamentos en escasez.
El efecto sobre el mercado mexicano
Las cadenas de suministro farmacéutico no se reconfiguran de la noche a la mañana: construir una planta toma años, no meses. Al cerrar paulatinamente la puerta a la producción asiática, Washington provocará un efecto de válvula de escape.
¿A dónde irán a parar esos millones de dosis de medicamentos esenciales que ya no podrán entrar de forma competitiva a Estados Unidos? La respuesta apunta al sur del río Bravo.
Y aquí hay que decirlo con todas sus letras: eso no es una amenaza. Es la primera buena noticia de abasto en siete años. México cerró junio con más de cinco millones de piezas de medicamentos incumplidas y arrastra una compra consolidada 2027-2028 retrasada cuatro meses. Necesitamos ese producto.
La pregunta, entonces, no es si lo dejamos entrar. Es con qué criterio, a qué precio y bajo qué vigilancia posterior.
Porque el riesgo real viene por otro lado. Si los productores indios y chinos se reacomodan, el mercado global de insumos se encarece, y México compra ahí con un gasto público en salud de apenas 2.5 por ciento del PIB. Las fechas se cruzan mal: vamos a firmar contratos plurianuales justo antes del choque de costos.
Y del lado exportador tampoco estamos cubiertos donde se supone. Lo que puede dejar fuera del mercado a un genérico hecho aquí no es la tasa arancelaria sino las reglas de origen: el sector químico-farmacéutico exige entre 50 y 60 por ciento de contenido regional, y nuestra industria compra buena parte de sus principios activos en Asia. Súmele que Washington no busca nearshoring sino reshoring: quiere la planta en su territorio, no en Jalisco o Nuevo León.
El turno de la Cofepris
Durante años, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios funcionó, en los hechos, como oficina de trámite de lo que Washington ya había aprobado. Eso cambió. Con la vía regulatoria abreviada y la digitalización, México resuelve hoy en 45 días hábiles el registro de medicamentos avalados por agencias de alta vigilancia sanitaria o por la precalificación de la OMS, y no sólo por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos.
El matiz pesa más de lo que parece. En mayo, el comisionado de la FDA, el cirujano Marty Makary, renunció tras poco más de un año en el cargo; según CBS News, se negaba a aprobar un producto que la administración le ordenó aprobar. Lo relevante no es su salida, sino lo que revela: la agencia en la que México se apoyaba lleva más de dos meses sin titular confirmado, y durante su gestión perdió a uno de cada cinco empleados.
La agilización de trámites es una victoria administrativa real, pero no debe confundirse con renunciar al criterio técnico propio. A la Cofepris que hoy dirige el Dr. Víctor Hugo Borja le toca decidir si será un canal de desahogo del mercado global o un regulador con criterio: que audite la calidad de lo que entre, que aproveche la ventana para diversificar proveedores y abatir el desabasto de medicamentos persistente en nuestro país, y que la selección de claves responda a la evidencia clínica y no a los vaivenes comerciales de Estados Unidos.
La soberanía sanitaria del país se juega en no ser el simple amortiguador de las decisiones ajenas. Tenemos dos años. No es mucho.