La confianza en un médico es un pilar fundamental de la relación médico-paciente. La certeza de estar en manos capacitadas no debería ser una apuesta arriesgada. Sin embargo, en el sureste de México, al igual que en el resto del país, la sombra de los falsos médicos se extiende, poniendo en riesgo la salud y la vida de quienes confían en ellos. Esta práctica, tan peligrosa como inadmisible, requiere una respuesta contundente que involucre a la sociedad, las autoridades y los propios profesionales de la salud.
Recientes escándalos como la falsa psiquiatra en Puebla evidencian la fragilidad de los mecanismos de control. En Cancún, un supuesto endocrinólogo operaba un consultorio sin la cédula de especialista que acreditara su formación, ofreciendo servicios en nutrición y salud deportiva. En Yucatán, un individuo que trabaja en la secretaria de salud estatal ejercía sin título profesional y, a pesar de las denuncias, continuaba atendiendo pacientes. Durante los momentos más críticos de la pandemia de COVID-19 en Quintana Roo, falsos enfermeros ofrecieron tratamientos a domicilio, cobrando sumas exorbitantes por procedimientos que, lejos de aliviar, ocasionaron complicaciones graves e incluso fallecimientos. Estos casos no son accidentes aislados, sino síntomas de un sistema permeable a la usurpación de profesiones y a la desinformación entre la población.
La existencia de estos charlatanes trasciende lo individual. Es un agravio a los médicos que, con esfuerzo y ética, ejercen su profesión, y a los pacientes que buscan alivio para sus enfermedades. Este problema prolifera en contextos donde la supervisión es laxa y la sociedad, por desconocimiento o confianza mal colocada, no verifica credenciales antes de recurrir a un profesional.
Las redes sociales han sido un arma poderosa para exponer a estos impostores. Sin embargo, no podemos delegar la solución a la indignación digital. La viralización de estos escándalos debe ser el inicio de una acción estructurada y contundente. La indignación colectiva no debe ser solo una llama pasajera; debe convertirse en una fuerza que impulse cambios concretos.
No basta con señalar; es necesario ir más allá, pues la salud de las personas está en juego. Las instituciones gubernamentales tienen la obligación de reforzar la supervisión en el ejercicio médico. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), por ejemplo, debe incrementar las visitas de verificación y actuar con firmeza ante cualquier irregularidad. Los colegios médicos, por su parte, deben asumir un rol más activo en la certificación y supervisión de sus miembros, asegurando que los profesionales no solo estén capacitados, sino que practiquen dentro de los límites éticos y legales de su disciplina. La sociedad, más allá de indignarse, debe empoderarse. Verificar credenciales no es desconfiar, es proteger la propia salud y exigir calidad en la atención médica.
Verificar las cédulas profesionales de los médicos es una medida fundamental que todos los ciudadanos pueden adoptar. El Registro Nacional de Profesionistas, accesible en línea, permite confirmar si un médico está registrado y si cuenta con la especialidad que declara ejercer. Esta herramienta es sencilla de usar y debería convertirse en un hábito antes de confiar en cualquier profesional. Además, si existen sospechas sobre prácticas fraudulentas, la Cofepris habilita líneas de denuncia al 800 033 5050 y un portal en línea para reportar irregularidades. Denunciar a los falsos médicos no solo es un acto de justicia, sino un paso esencial para proteger la salud colectiva y prevenir futuros engaños.
Promover una cultura de verificación, denuncia y educación puede marcar la diferencia. La colaboración entre las instituciones, los profesionales de la salud y la sociedad es indispensable para erradicar esta problemática.
El sureste mexicano, con su riqueza cultural y tejido social único, puede convertirse en un ejemplo de cómo enfrentar este desafío. Cada denuncia, alerta ciudadana y revisión oficial representa vidas que podrían salvarse. La salud no admite mediocridades ni simulaciones. La bata blanca no debe ser un disfraz para el lucro o la improvisación, sino un símbolo de preparación, vocación y ética.
Cada falso médico que evade la ley es un recordatorio de lo que está en juego: la confianza pública, el prestigio de una profesión y, sobre todo, las vidas de quienes merecen atención digna y segura. Este llamado no debe ser un eco pasajero, sino una invitación a construir un sistema de salud robusto y confiable, donde la confianza no sea un lujo, sino la base de cada consulta médica.
El sureste mexicano tiene el potencial de liderar este cambio, demostrando que, unidos, sociedad y autoridades pueden erradicar este problema y proteger lo más valioso: la salud y la vida de su gente.
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