Mientras Quintana Roo enfrenta una de las peores crisis de inseguridad y corrupción en su historia reciente, algunos políticos siguen usando la función pública como trampolín personal. Tal es el caso del diputado local Eric Arcila Arjona, quien ahora promociona su imagen a través de una “Unidad de Atención Ciudadana” que recorre las calles a bordo de una vistosa camioneta, rotulada con su nombre y su rostro en tamaño espectacular.
La estrategia es evidente: se trata de campaña anticipada rumbo a la presidencia municipal de Benito Juárez (Cancún), disfrazada de “servicio público”. Todo ello en un contexto donde los lineamientos internos de Morena, el partido al que dice pertenecer, prohíben expresamente este tipo de prácticas clientelares y de proyección personal con recursos oficiales.
El vehículo con la imagen del diputado no fue adquirido con fondos personales, y eso lo sabe bien la ciudadanía. Si bien Arcila intenta justificar la campaña con una supuesta labor de “atención ciudadana”, la realidad es que cada peso invertido en este proyecto proviene de los bolsillos de los contribuyentes, aunque lo maquille con frases de servicio social. La ley electoral es clara: la promoción personalizada antes de los tiempos oficiales constituye un acto de campaña anticipada.
Eric Arcila llegó a la presidencia de la Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo (COJUDEQ) relevando a Antonio López Pinzón, personaje señalado por presuntas irregularidades y desvío de recursos durante su gestión. Sin embargo, Arcila jamás promovió una sola investigación formal en su contra, a pesar de las denuncias públicas y señalamientos que salieron a la luz.
El silencio del ahora legislador fue cómplice. Ni auditorías, ni denuncias, ni transparencia. Arcila dejó pasar los escándalos que empañaron a su antecesor y se enfocó en el rebranding personal que hoy lo coloca como “aspirante ciudadano”, pero sin renunciar a su sueldo de funcionario ni a los beneficios del aparato estatal.
Al estilo de Luisa María Alcalde y otras figuras que disfrazan sus aspiraciones con programas “sociales”, Arcila ha decidido ir en solitario. En su carrera por Cancún, ya no escucha a Morena, ni respeta los lineamientos del INE, ni guarda las formas mínimas de legalidad. Para él, lo importante es aparecer en cada esquina, en cada evento, en cada móvil. Su nombre por delante, la ley por detrás.
La soberbia de Arcila raya en el cinismo: cree que puede pisotear la legalidad electoral con una sonrisa y una van pintada. Pero su aventura personal puede terminar estrellada en las salas del Tribunal Electoral o en el descrédito ciudadano.
El Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO) y el Instituto Nacional Electoral (INE) deben actuar de inmediato ante esta evidente violación a los tiempos y normas de campaña. No se trata solo de un abuso de poder, sino del uso indebido de recursos públicos para fines personales.
La ciudadanía merece respuestas, no espectáculos móviles. Si Eric Arcila quiere competir, que lo haga en los tiempos establecidos, con reglas claras y sin disfrazar su ambición de servicio público.