DEA advierte que el caso contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, “es sólo el comienzo” de las acciones que podrían venir contra funcionarios mexicanos presuntamente vinculados con el narcotráfico, en medio de la creciente presión de Estados Unidos sobre las estructuras políticas relacionadas con el Cártel de Sinaloa.
Durante una comparecencia ante el Congreso estadounidense, el jefe de la agencia antidrogas, Terrance Cole, sostuvo que desde hace años existe una “colusión” entre organizaciones criminales y altos funcionarios en México, por lo que anticipó que vendrán más investigaciones y procesos judiciales.
Las declaraciones ocurren apenas semanas después de que fiscales federales de Estados Unidos acusaran formalmente a Rocha Moya y a otros funcionarios sinaloenses de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción de “Los Chapitos”. Entre las acusaciones se encuentran conspiración para tráfico de narcóticos, protección política y presunto intercambio de favores con estructuras criminales.
El caso ha escalado a nivel político y diplomático. Mientras el gobierno mexicano ha exigido pruebas concretas a Washington y la Fiscalía General de la República mantiene abierta una investigación, la oposición en México ya impulsa acciones como solicitudes de juicio político y desaparición de poderes en Sinaloa.
La presión también comenzó a generar efectos financieros y económicos. Reportes recientes señalan que instituciones bancarias mexicanas activaron mecanismos internos antilavado y revisiones preventivas tras las acusaciones estadounidenses, ante el temor de posibles sanciones o bloqueos regulatorios desde Estados Unidos.
Rocha Moya ha rechazado las acusaciones y sostiene que se trata de un ataque político y una afectación a la soberanía mexicana. El mandatario solicitó licencia temporal al cargo mientras continúan las investigaciones tanto en México como en Estados Unidos.