Una mujer con 20 años de antigüedad en la Fiscalía General del Estado denunció este día sufrir acoso laboral desde hace seis meses, situación que incluye amenazas de ser golpeada, además de haber sido expulsada de su oficina, todo por la llegada de una supuesta “recomendada” del Fiscal General del Estado, Raciel López Salazar.
Anindra Díaz Carvajal, quien atiende la mesa de las actas de comparecencias, indicó que todo empezó en octubre del año pasado, cuando llegó a su área Tania Ivette Beite Laguna, supuesta “amiga” del fiscal general, quien comenzó a ponerle trabas en su trabajo, pese a que ella fue quien se encargó de enseñarle las tareas que realizan.
Ante esto, esta trabajadora acudió a quejarse con su coordinador, sin respuesta alguna. Al continuar el acoso, acudió con Raciel López Salazar, a quien le entregó un oficio, de nuevo sin resultado. Anindra entonces decidió viajar a Chetumal y hablar con Cristina Torres, secretaria de Gobierno, quien hizo enviarle un oficio a la Fiscalía, para que la cambiaran de área.
Al día siguiente, Anindra fue citada para que firmara un oficio de traslado, en el que no había ninguna información de horario o ubicación, por lo que se negó a ponerle su firma, en tanto no le brindaran más detalles.
En reacción, Rogelio Estrada Heleria, fiscal de la Zona Centro, hizo que sacaran todas sus pertenencias de su oficina y que cerraran ésta con llave. “Mis cosas quedaron en el pasillo y la puerta con seguro”, comentó la denunciante, quien ante el temor real de ser agredida por Tania Ivette Beite Laguna y en vista del ilegal actuar de Rogelio Estrada Heleria, ingresó su queja con asuntos internos, además de solicitar sus vacaciones.
Esta trabajadora dijo que está a cinco años de jubilarse y ella pensaba que pasaría el resto de su vida laboral dentro de la Fiscalía General del Estado, en especial porque ahora ya es mayor y además sufre de artrosis. Jamás se imaginaría que por la llegada de una joven, montarían una campaña para querer obligarla a renunciar.
Anindra Díaz Carvajal dijo estar dispuesta a abandonar este organismo, pero solo si la liquidan conforme a la ley por sus 20 años de antigüedad. “Pido la intervención de la gobernadora, quien ya tiene mis datos, para ver cómo resolver esta situación”, comentó.