La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) deberá entregar información relacionada con inspecciones y medidas de mitigación ambiental en el tramo 5 del Tren Maya, luego de que un tribunal federal desechó un recurso legal con el que la dependencia buscaba evitar dicha obligación.
El pasado 30 de abril, magistrados del Tribunal Colegiado del Trabajo y Materia Administrativa de Mérida declararon infundado el recurso de queja 406/2025 promovido por la Profepa, al considerar que no encuadraba en los supuestos legales para su procedencia.
Durante la sesión, la magistrada Cruz Belén Martínez de los Santos señaló que el recurso impugnaba el requerimiento emitido por un juez de Distrito para que la autoridad entregara documentación adicional sobre las acciones posteriores a las ya reportadas en el juicio.
La controversia forma parte del amparo indirecto 1003/2022, presentado por habitantes de Playa del Carmen contra las obras del Tren Maya y sus posibles impactos ambientales.
Aunque el litigio fue promovido hace cuatro años y aún no existe una sentencia definitiva, el expediente mantiene vigentes suspensiones que obligan al Gobierno Federal a detener determinadas obras y ejecutar medidas de mitigación ambiental en la zona.
De acuerdo con el expediente judicial, autoridades federales han interpuesto diversos recursos legales que han retrasado el avance del juicio y la emisión de una resolución de fondo.
Hasta el momento, ninguno de los amparos relacionados con el Tren Maya ha sido atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pese a las solicitudes realizadas por ambientalistas y organizaciones civiles desde el inicio del proyecto ferroviario.